Sistema carcelario, un tema pendiente. Reflexiones de un ciudadano.

“El Estado gasta 6.300 pesos mensuales por cada detenido”

Diario Clarín, Edición Viernes 17 de Julio de 2009.

Una de las peculiaridades que tenemos como sociedad, es una clara tendencia a la simplificación de los problemas, a tener una mirada parcial sobre los temas a resolver, aspirando a encontrar la solución a través de la búsqueda de una sola respuesta. En algunos casos, ésto ha llevado a la polarización de la sociedad, a dividir la opinión pública en posturas aparentemente irreductibles, sin matices, cuya única finalidad es correr el foco de atención del verdadero problema. Gestión privada o gestión pública; campo o industria; peronismos o antiperonismo. Los ejemplos pueden multiplicarse, teniendo todos como denominador común, un abordaje parcial, incompleto, que descuida las múltiples aristas que tiene la cuestión a tratar.

Dentro de este abanico de temas, la problemática carcelaria ha sido siempre un tema ríspido, en el que confluyen consideraciones técnicas y posturas ideológicas. Dependiendo del grado de sensibilidad de la población - determinada, en gran medida, por la repercusión que puedan tener algunos hechos policiales y el tratamiento que de los mismos hagan los diferentes medios –, y a riesgo de caer en un nuevo reduccionismo, podríamos decir que los ciudadanos navegan entre las aguas de “la mano dura” y el “garantismo”, como si la cuestión fuera tan sencilla y no admitiera más de un abordaje.

En medio de tantos devaneos, hay algunos principios rectores que vale la pena recordar. El art. 18 de la CN establece que las cárceles serán sanas y limpias, “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que so pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Esta disposición, que tuvo su antecedente en el derecho patrio, nos indica que nuestro sistema penal reconoce la finalidad preventiva de la pena, es decir, que la pena no es un fin en sí mismo sino un medio. De esta forma, las cárceles no constituyen lugares de castigo para los presos, sino que su objetivo primordial es la defensa de la sociedad contra el delito. Disposiciones similares a la del art. 18 de nuestra Carta Magna figuran en otras constituciones contemporáneas como la Constitución italiana de 1947 (art. 27) y la española de 1978 (art. 25).

En consecuencia, la cárcel, en cuanto espacio en el que los procesados aguardan su sentencia y los condenados cumplen su pena privativa de libertad, debe ser considerada como lugar de resocialización de los allí albergados, y cumplirá el objetivo primordial que nuestra Constitución exige, en la medida que el procesado o condenado reciba el tratamiento correspondiente y logre, al salir, una reinserción adecuada en la sociedad.

En su edición del día 17 de Julio, el diario Clarín recoge algunos datos de un informe elaborado por la Asociación Civil Unidos por la Justicia, en función del cual el Estado gastaría $ 6.300.- mensuales por cada detenido, cifra que resulta de dividir el presupuesto anual del Servicio Penitenciario Federal por el número de presos. Más allá del impacto que la cifra causa en el lector – en especial si la comparamos con el monto de un sueldo mínimo o de una jubilación mínima – tomada aisladamente, no arroja ninguna claridad sobre el tema, ni nos permite sacar ninguna conclusión. En definitiva, lo importante no es cuánto gasta, sino cómo lo gasta, o en definitiva, si ese gasto es o no eficaz. Mucho más relevante resulta atender, por ejemplo, al índice de reincidencia, que, como el propio informe señala, sería bastante superior al 30 %, lo que evidenciaria, en principio, que el establecimiento carcelario no cumple con la funcion resocializadora que pretende. Hacinamiento, superpoblación, violencia interna, promiscuidad, sida, son solo algunos de los temas que reclaman soluciones urgentes.

El propio Director Ejecutivo de dicha ONG, conciente de que el “planteo de la cifra en sí misma puede parecer simplista”, confía en que el dar a publicidad estos datos actúe como disparador e instale la problemática carcelaria en la agenda de temas a debatir. Indudablemente, el informe realizado ha de resultar de utilidad para la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados ante quien fue presentado; pero no considero que la difusión de una cifra, por sí sola impactante, pueda ser la manera más conducente para la instalación del tema en la sociedad. Lejos de concientizar a la opinión pública sobre la importancia de abordar y dar solución urgente a los problemas del sistema carcelario, genera reacciones adversas y mayor polarización. ¿Por qué gastar en alguien que ha infringido la ley y ha puesto en peligro a ciudadanos honestos y trabajadores?

Sin duda, estos titulares grandilocuentes, lejos de colaborar en el tratamiento serio y responsable de un tema, orientan a la opinión pública y conducen a la sociedad a conclusiones impensadas.

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