La senadora nacional oficialista por la Provincia de La Rioja, Teresita Quintela, presentó un proyecto de ley de alquileres, que ha generado no poca preocupación y controversia.
Según el proyecto aludido, la nueva ley se aplicaría no sólo a los nuevos contratos a celebrarse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sino también a las contrataciones en curso, lesionando derechos y garantías de raigambre constitucional.
Entre los aspectos más salientes que propone la iniciativa podemos mencionar:
a) Se eleva la duración mínima de los contratos de locación al plazo de cinco años, renovables por períodos similares, a opción del inquilino.
b) Se divide el mercado en dos segmentos; uno denominado premiun, que comprende a los inmuebles de más de 150 metros cuadrados, y otro segmento que incluye a aquéllos con una superficie menor a los 150 metros cuadrados, cuyo precio mensual no dependerá del juego de la oferta y la demanda – como en el primer segmento - sino que se fijará en función del costo de la unidad (terreno más construcción) dividido por 150.
c) No podrá requerirse del locatario ni pagos anticipados, ni depósitos en garantía ni pago de valor llave o equivalente.
d) Se bancariza el pago de los cánones locativos.
e) Se prevé la creación de una "Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar" que tendrá bajo su responsabilidad construir 10 millones de metros cuadrados por año, lo que equivale a 100.000 viviendas. Este ente construirá, por sí mismo o a través de terceros, o adquirirá por compra o expropiación, viviendas familiares, estudios profesionales y locales comerciales para ser destinadas al alquiler en forma exclusiva.
La iniciativa generó infinidad de críticas, provenientes de organizaciones que nuclean a los propietarios y a los corredores inmobiliarios. Aún quienes defienden y contemplan los intereses y la particular situación que atraviesan los inquilinos, advierten que una iniciativa como ésta resultaría a la larga contraproducente, ya que desalienta la inversión en el sector de la construcción, retrae la oferta de inmuebles para alquilar, y genera la aparición de un mercado negro, en el que, por encima del “valor legal” se exige un sobreprecio para conseguir y asegurarse la unidad.
Finalmente, el proyecto parecería quedar archivado, según surge de una carta que el senador Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, envió días atrás a la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). "No es mi intención, ni la del bloque al cual represento, ni del gobierno nacional, darle tratamiento al proyecto de ley sobre la creación de la Organización Estatal de Vivienda para Alquilar y regulación de locaciones urbanas", señala la nota difundida por el presidente de la CIA, Néstor Walenten.
Según el proyecto aludido, la nueva ley se aplicaría no sólo a los nuevos contratos a celebrarse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sino también a las contrataciones en curso, lesionando derechos y garantías de raigambre constitucional.
Entre los aspectos más salientes que propone la iniciativa podemos mencionar:
a) Se eleva la duración mínima de los contratos de locación al plazo de cinco años, renovables por períodos similares, a opción del inquilino.
b) Se divide el mercado en dos segmentos; uno denominado premiun, que comprende a los inmuebles de más de 150 metros cuadrados, y otro segmento que incluye a aquéllos con una superficie menor a los 150 metros cuadrados, cuyo precio mensual no dependerá del juego de la oferta y la demanda – como en el primer segmento - sino que se fijará en función del costo de la unidad (terreno más construcción) dividido por 150.
c) No podrá requerirse del locatario ni pagos anticipados, ni depósitos en garantía ni pago de valor llave o equivalente.
d) Se bancariza el pago de los cánones locativos.
e) Se prevé la creación de una "Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar" que tendrá bajo su responsabilidad construir 10 millones de metros cuadrados por año, lo que equivale a 100.000 viviendas. Este ente construirá, por sí mismo o a través de terceros, o adquirirá por compra o expropiación, viviendas familiares, estudios profesionales y locales comerciales para ser destinadas al alquiler en forma exclusiva.
La iniciativa generó infinidad de críticas, provenientes de organizaciones que nuclean a los propietarios y a los corredores inmobiliarios. Aún quienes defienden y contemplan los intereses y la particular situación que atraviesan los inquilinos, advierten que una iniciativa como ésta resultaría a la larga contraproducente, ya que desalienta la inversión en el sector de la construcción, retrae la oferta de inmuebles para alquilar, y genera la aparición de un mercado negro, en el que, por encima del “valor legal” se exige un sobreprecio para conseguir y asegurarse la unidad.
Finalmente, el proyecto parecería quedar archivado, según surge de una carta que el senador Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, envió días atrás a la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). "No es mi intención, ni la del bloque al cual represento, ni del gobierno nacional, darle tratamiento al proyecto de ley sobre la creación de la Organización Estatal de Vivienda para Alquilar y regulación de locaciones urbanas", señala la nota difundida por el presidente de la CIA, Néstor Walenten.
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