A tono con la preocupación que generó en el ámbito del gobierno sentencias como la dictada en el conocido “Caso Badaro”, el pasado 9 de Septiembre, el más Alto Tribunal creó, a través de
En efecto, luego del dictado del Fallo Badaro, diferentes economistas señalaron que, la aplicación del criterio sentado en dicha sentencia al millón setecientos cuarenta mil jubilados que percibieron aumentos inferiores al 88,6 %, representaría un costo fiscal anual de ocho mil millones de pesos, es decir el 0,8 % del PBI.

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